09-08-2012La Legislatura provincial convertiría en ley un proyecto enviado por el gobernador De la Sota, que profundiza su pleito con el gobierno central por fondos coparticipables. Pese a la disolución de las AFJP, el 15 % cedido por la provincia a la Nación nunca retornó a Córdoba.

Agosto de 2012 - La Legislatura cordobesa tenía previsto convertir hoy en ley el proyecto del gobierno provincial para abandonar el Pacto Fiscal, que fue firmado por la Nación y las provincias hace veinte años.

Con la aprobación legislativa, la Provincia podrá "denunciar" ese Pacto, que en la práctica significa que dará por extinguida la vigencia del acuerdo.

Así, Córdoba será la primera provincia argentina en intentar que la Nación deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación, que esta provincia y el resto le cedieron en 1992 para sostener el sistema previsional nacional, ante el desfinanciamiento que sufrió a raíz de la creación de las AFJP.

De hecho, pese a que en 2008 el sistema previsional volvió a manos del Estado nacional, ese 15 por ciento nunca regresó a las provincias.

La iniciativa del gobierno de José Manuel De la Sota para recuperar su porcentaje de coparticipación, que daría oxígeno al sistema previsional de la provincia, fue respaldada por la oposición.

El proyecto que era tratado hoy fue enviado a la Legislatura hace una semana por el gobernador cordobés. En este marco, el legislador provincial oficialista Ricardo Sosa sostuvo que esta iniciativa "es necesaria para reclamar" ante la Corte Suprema los recursos que son de la provincia.

La causa en la Corte Suprema
La Procuración General de la Nación dictaminó este miércoles que la Corte Suprema de Justicia debe resolver la demanda de la provincia de Córdoba contra el gobierno nacional, al que le reclama una deuda de 1.040 millones de pesos de fondos jubilatorios.

La Gobernación cordobesa inició la semana pasada un litigio judicial por incumplimiento del acuerdo de armonización de normas previsionales firmado con la ANSES. La demanda de Córdoba se suma a un reclamo similar de parte de Santa Fe, cuyo mandatario, Antonio Bonfatti, demanda a la Nación el pago inmediato de unos 1.037 millones de pesos en concepto de fondos de jubilaciones, como parte de una deuda global que ascendería a los 8.000 millones de pesos.

Si bien Bonfatti aún no recurrió a la Justicia como lo hizo De la Sota, el ministro de Gobierno santafesino, Rubén Galassi, insistió en que la provincia atraviesa una "compleja" situación financiera y reiteró el pedido para que la Casa Rosada cancele la deuda que mantiene con ese distrito.

El procurador Luis Santiago González Warcalde, en tanto, emitió un dictamen breve en el que expresó que la causa que inició Córdoba se "debe tramitar ante los estrados" del máximo Tribunal de Justicia.

La presentación del Gobierno de Córdoba se produjo a raíz de lo que definió como incumplimientos de lo pactado en el convenio 80/09, de armonización de normas previsionales y en el escrito se reclaman fondos que están bajo reserva de la Nación, que los tendría que haber enviado por los 12 meses de 2011 para cubrir el pago de haberes jubilatorios de la provincia.

Según el escrito, el gobierno cordobés cumplió con las obligaciones que le imponía el convenio firmado en diciembre de 2009, y sólo recibió partidas del 2010 pero no del siguiente año.

En el escrito, la demanda da cuenta que otras provincias sí recibieron los fondos correspondientes a 2011, de acuerdo con lo establecido en el Convenio 80/09, aprobado por ley la provincial 9721.

El ministro Galassi también comentó que las provincias "no deben seguir dejando que parte de su coparticipación vaya a la ANSeS" (Administración Nacional de Seguridad Social).

"No se trata de un debate de política partidaria sino de cumplir con una ley que establece que se debe coparticipar a las provincias. Si los recursos llegan a niveles municipales y provinciales las obras se hacen más rápido que si hay que ir a pedirlas, en procesión y de rodillas, al Gobierno nacional", enfatizó Galassi.